El Ciberpatrullaje y la Expansión de Poder Policial en Argentina
En la actualidad, el ciberpatrullaje y la posibilidad de realizar detenciones por hasta 10 horas sin autorización judicial son dos de las atribuciones contempladas en un reciente decreto. Esta normativa, que ha eludido el debate legislativo, desata un torrente de preocupaciones entre la ciudadanía y organismos de derechos humanos. La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad ha despertado críticas por su enfoque, que parece tomar como modelo a las prácticas de las agencias de seguridad estadounidenses, como el FBI. La transformación de la Policía Federal Argentina en una fuerza con amplias facultades plantea un dilema sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles.
Por otro lado, el incremento en el presupuesto destinado a "gastos no especificados" también merece atención. Este término ambiguo ha generado preguntas sobre la finalidad real de los fondos y su utilización efectiva. Mientras que sectores cruciales como la vivienda y el abastecimiento de agua se ven recortados, el Ministerio de Seguridad se lleva una parte sustancial del presupuesto, lo que despierta inquietudes sobre las prioridades del gobierno. Durante un plenario de comisiones en enero de 2024, Bullrich se comprometió a discutir cualquier reforma en el ámbito legislativo, un compromiso que aún no se ha hecho realidad. La falta de transparencia en el uso de estos recursos solo añade más dudas a una situación ya compleja.
Finalmente, la estructura misma de la Policía está experimentando cambios significativos sin el respaldo del Congreso, lo que alimenta aún más la desconfianza pública. Organizaciones de derechos humanos y constitucionalistas han alertado sobre el peligro de que estas modificaciones aviven prácticas opresivas del pasado. De igual manera, el auge de entidades como el Departamento Federal de Investigaciones ha llevado la atención al ámbito de la inteligencia estatal, un área que suele operar en la sombra y que, en este contexto, se ve amenazada por la resistencia a la transparencia del gobierno actual. La combinación de estas medidas refuerza una tendencia preocupante hacia un ejercicio del poder más autoritario, lo que podría tener consecuencias nefastas para la democracia en Argentina.
