La Confirmación del Homicidio Doloso: Implicancias Legales y Sociales
La reciente sentencia de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado que la muerte de Rafael Nahuel, ocurrida el 25 de noviembre de 2017, se califica como un homicidio doloso agravado. Esta resolución se produce en un contexto donde se critica la violencia institucional y se busca establecer la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. El abogado Rubén Marigo, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), subraya la relevancia de que este acto haya sido considerado como un delito doloso, lo que implica una clara responsabilidad penal de los involucrados en el hecho. Esto desmiente las declaraciones de figuras políticas como Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes intentaron justificar la acción represiva del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
En este fallo, se ha ordenado al Tribunal de General Roca que varie las penas de los cinco prefectos condenados. Durante el juicio de 2023, las condenas oscilaron entre cuatro años y medio y cinco años de prisión, pero ahora la incertidumbre queda en la posibilidad de que estas penas sean revisadas. Marigo resaltó que lo crucial es mantener el reconocimiento del delito como doloso, lo que establece un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de violencia institucional.
Desde la APDH, se plantea la necesidad urgente de que la sociedad civil promueva políticas públicas que garanticen una seguridad democrática respetuosa de los derechos humanos. La entidad insiste en la formación de cuerpos de seguridad que operen dentro de los límites de la ley y que sean un verdadero garante de la convivencia pacífica. A pesar de la responsabilidad judicial de los efectivos involucrados, la organización destaca la falta de responsabilidad hacia las autoridades que ordenaron o permitieron tales acciones, lo que revela un entorno institucional todavía frágil frente a los derechos humanos y la justicia social.
