La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se ha convertido en un tema candente en la política argentina, especialmente tras la reciente condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Esta sentencia implica que la exmandataria no solo enfrenta seis años de prisión, sino que también queda excluida del padrón electoral, lo que le impide continuar ejerciendo cualquier cargo partidario. Cristina asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) el 11 de diciembre, pero la confirmación del fallo judicial sienta un duro golpe a su carrera política, limitando sus posibilidades de influencia y acción dentro del partido.
Durante un acto en la sede del PJ en Matheu, Cristina expresó su descontento ante el fallo, refiriéndose a él como una extensión de las restricciones impuestas por el “partido judicial”. Acompañada de militantes y dirigentes, la ex presidenta abordó lo que percibe como un ataque a la voluntad popular y a la democracia. Si bien había proyectado futuros planes políticos, incluyendo una posible candidatura legislativa en la provincia de Buenos Aires, el veredicto judicial ha dejado estas aspiraciones en un limbo, cancelando su potencial de influencia en el ámbito legislativo y electoral.
Desde la perspectiva legal, el marco normativo en Argentina es claro y restrictivo. El artículo 12 del Código Penal establece que quienes sean sentenciados a más de tres años de prisión quedan inhabilitados para ejercer funciones públicas y cargos partidarios. Esta normativa es ratificada por otros artículos del Código Penal y de la ley de partidos políticos, cimentando un sistema que evita que quienes estén bajo condena ocupen posiciones de relevancia. La comunicación de estas inhabilitaciones no solo afecta a Cristina, sino que también se extiende a otros ex funcionarios implicados en la causa, lo que añade más complejidad a la ya turbulenta situación política del país.
