Una Reforma Necesaria para la Abogacía en Río Negro
El proyecto de ley que busca actualizar la legislación sobre el ejercicio de la abogacía en Río Negro ya está en manos de la Legislatura. Actualmente, el sector se rige por la Ley 2212, una normativa que data de 1987. Esta ley, que ha quedado desfasada frente a la realidad judicial moderna, ha llevado a los profesionales del derecho a insistir en la necesidad de un cambio que refleje adecuadamente las transformaciones en los fueros de Familia, Laboral y Civil. En una reciente entrevista en el programa “Tocá Madera” de Radio Noticias, el presidente del Colegio de Abogacía de Viedma, Gastón Suracce, explicó que es fundamental abrir un debate que incluya la voz del Poder Judicial, ya que su enfoque es clave para una implementación eficaz de cualquier reforma.
Entre las propuestas más destacadas de este proyecto de reforma se encuentra la revisión del sistema de honorarios, tomando en cuenta que la ley vigente no contempla adecuadamente las actuales demandas del ejercicio profesional. Un tema que causa particular inquietud es la unidad de medida de los honorarios, denominada JUS. Actualmente, este se calcula como un 1% del salario de un juez de primera instancia con 10 años de antigüedad. La propuesta es elevar esta unidad, calculándola sobre el salario de un juez de Cámara, lo que representaría un aumento significativo en su valor. Suracce enfatiza que el objetivo no es incrementar los honorarios de manera desmedida, sino reconocer el trabajo profesional con una mejora razonable que dignifique la labor del abogado frente a la creciente complejidad del sistema judicial.
Además, la reforma busca establecer un marco claro en cuanto a la regulación de honorarios. Se ratifica que la norma es de orden público, lo que implica que su incumplimiento por parte de los jueces resultará en una infracción. Este enfoque no tiene un carácter persecutorio, sino que busca evitar la arbitrariedad y asegurar que se respeten los mínimos legales en todo momento. Con el proyecto ya presentado y en espera de un debate profundo en las comisiones de la Legislatura, los colegios profesionales expresan su deseo de una discusión inclusiva, donde la regulación se adapte a la realidad actual y proporcione la claridad necesaria para un funcionamiento más justo del sistema legal en la provincia.
