La Controversia por la Baja de la Edad de Punibilidad: Una Mirada Crítica
Recientemente, el Congreso de la Nación ha sido escenario de un intenso debate tras la presentación del Proyecto de Ley de Modificación al Régimen Penal Juvenil, que propone la baja en la edad de punibilidad. Esta iniciativa ha generado un virulento rechazo por parte de organismos que defienden los derechos de los adolescentes, como la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) y el Consejo Federal de Defensores. En un contundente comunicado, ambos organismos expresaron que la medida es “inútil, innecesaria y perjudicial”, además de argumentar su posible inconstitucionalidad. Resaltaron la importancia de un debate claro y respaldado por datos fehacientes y estándares internacionales de derechos humanos, destacando que la riqueza del diálogo radica en la base de la evidencia.
Los críticos de la baja de la edad de punibilidad señalan que encarcelar a jóvenes en un sistema penal no solo es ineficaz, sino que podría ser profundamente dañino para su desarrollo emocional y psicológico. Encarcelar a adolescentes puede perpetuar identidades negativas y contribuir a ciclos de violencia más que a su resolución. Por ello, los defensores abogan por alternativas que prioricen el bienestar del menor, alineándose con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este organismo señala que las medidas judiciales severas deberían ser una excepción, sugiriendo que es fundamental crear un marco que promueva el desarrollo saludable y la reinserción social de los jóvenes.
Desde un enfoque estadístico, esto se complementa con datos que muestran que en provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concentra casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes. Sin embargo, estos actos delictivos representan un porcentaje muy reducido del total, siendo los delitos graves, como homicidios, extremadamente raros entre menores de 16 años. A partir de esta realidad, los defensores hacen hincapié en la necesidad de mantener la edad de punibilidad y, en su lugar, fomentar políticas integrales de prevención que aborden las causas subyacentes de la delincuencia juvenil.
