La Desvinculación de Mariela Andrea García y sus Implicancias en la Seguridad Sanitaria
Mariela Andrea García, quien se desempeñaba como directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras en el Instituto Nacional de Productos Médicos (ANMAT), fue separada de su cargo en un contexto alarmante para la salud pública en Argentina. Su desvinculación fue comunicada este lunes a través de una resolución oficial firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y llega en un momento crítico, marcado por la presión sobre la ANMAT debido a un caso grave: la distribución de fentanilo contaminado. Este opioide, relacionado con al menos 87 muertes, ha desatado un mar de preocupaciones sobre los mecanismos de control y vigilancia que deberían garantizar la seguridad de los productos médicos en el país.
La salida de García ha suscitado inquietud entre los funcionarios de ANMAT, quienes reconocen un clima tenso y lleno de incertidumbre en relación a los fallos en los procedimientos internos. Aunque la resolución no detalla las razones detrás de su desvinculación, se enmarca en el contexto de una investigación judicial en curso que está indagando la producción de partidas fallidas de fentanilo. Tras la identificación de ampollas contaminadas, el juez federal Ernesto Kreplak ha ordenado retirar estas unidades del mercado, una acción que busca mitigar el daño ya causado. Sin embargo, el aumento sostenido de la mortalidad por este opioide resalta la urgencia y la gravedad de la situación.
Desde su incorporación a ANMAT en 2019, García se había encargado de un rol clave al supervisar la etapa posterior a la comercialización de dispositivos y medicamentos, fundamental para la detección temprana de riesgos. Su abrupta salida plantea dudas sobre la eficacia de las medidas de vigilancia implementadas. Mario Lugones ha manifestado que se inició un proceso interno de investigación para esclarecer posibles irregularidades en los controles que permitieron la circulación de este fentanilo contaminado. Afirmó con firmeza que, si se comprueban fallos en la vigilancia, se tomarán medidas severas, incluso sanciones a quienes estén involucrados. En este contexto, la presión recae también sobre la directora general de ANMAT, Nélida Agustina Bisio, a quien Lugones defendió, asegurando que no hay encubrimientos en el organismo.
