Desvinculación en PAMI El Bolsón: Conflicto y Consecuencias
Situación Actual en PAMI El Bolsón
El pasado 18 de junio, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tomó la drástica decisión de desvincular a la jefa del Centro de Atención Primaria (CAP) de El Bolsón y suspender preventivamente a otros tres trabajadores durante 29 días. Este cierre no autorizado de la sede se produjo en el marco de una protesta convocada por el gremio ATE, en respuesta a la condena judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida afectó a más de 3.700 afiliados, quienes se vieron en la necesidad de buscar alternativas para acceder a los servicios de salud.
Reacciones y Posturas de PAMI
Desde PAMI, se aclaró que el cierre era una “medida de fuerza intempestiva” que no sería tolerada. Las autoridades enfatizaron la importancia de que las instituciones no se utilicen con fines político-partidarios y reafirmaron su compromiso de actuar con transparencia y responsabilidad. Según aseguraron, las auditorías y controles que se están implementando en todo el país buscan recuperar el rol del PAMI como un organismo de servicio para las personas mayores. Además, afirmaron que el CAP de El Bolsón sigue funcionando con normalidad, garantizando una atención ininterrumpida para sus afiliados.
Posición de ATE y Respuesta de los Trabajadores
Desde ATE, se defendió la acción del sindicato, señalando que se había establecido una guardia mínima para atender urgencias, argumentando que “en ningún momento se dejó de atender”. Rodrigo Vicente, un trabajador de PAMI y secretario general de ATE, planteó que la situación estaba siendo manipulada políticamente por el partido La Libertad Avanza (LLA). Por otro lado, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, caracterizó la respuesta de PAMI como un “operativo de prensa” y recalcó que los trabajadores habían adherido completamente a la medida de protesta en defensa de la democracia, exigiendo un juicio político a la Corte Suprema por sus decisiones recientes.
Esta situación refleja un claro conflicto entre intereses políticos y la labor de atención a los afiliados que dependen de PAMI, marcando un momento crítico para la gestión pública en la región.
