Un Presupuesto Controversial: La Batalla en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados de Argentina, el clima se tornó tenso durante una sesión maratónica donde el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de controversias, ya que el polémico artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiación universitaria, no pudo sostenerse. La iniciativa recibió 132 votos afirmativos, 97 en contra y 17 abstenciones, pero el capítulo que incluía dicho artículo fue finalmente rechazado, alegrando a la oposición.

La Oposición Se Une

La votación reveló un fuerte apoyo cruzado entre diversas fuerzas políticas. La bancada de La Libertad Avanza, junto con sus aliados del PRO, la UCR, y otras fuerzas minoritarias, se hizo escuchar, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, con algunos legisladores de Provincias Unidas optando por la abstención. La inclusión tardía de la cláusula sobre coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires fue neutralizada junto con el capítulo 11. Este episodio dejó en evidencia el uso de tácticas de presión política, generando un ambiente de indignación y reclamos sobre la representatividad de los diputados.

Acusaciones y Reacciones en el Debate

Las acusaciones no se hicieron esperar, y los legisladores intercambiaron duras críticas. Por un lado, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, acusó al gobierno de “extorsión”, afirmando que quienes apoyen el artículo estarían violando la ley de administración financiera. En contraparte, la diputada Silvana Giudici defendió el accionar de su bloque, calificando las alarmas como terrorismo político. Germann Martínez, líder del bloque de Unión por la Patria, también criticó severamente la situación, sugiriendo que ciertos diputados estaban traicionando principios fundamentales al cambiar sus votos ante presiones políticas.

Este tira y afloja no solo pone de relieve la inestabilidad política actual, sino que también plantea preocupaciones legítimas sobre el futuro del financiamiento destinado a sectores vulnerables y la gestión fiscal del país, complicando la situación de millones de argentinos que dependen de estos recursos.