El Anuncio de la Ley de Discapacidad: Un Paso en Medio de la Controversia
El reciente anuncio del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Javier Milei, sobre la intención de promulgar la Ley de Discapacidad ha generado una serie de debates al interior del Congreso y en la opinión pública. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, fue el encargado de comunicar esta decisión en un contexto político tenso, donde las cuestiones sobre asignación de recursos se han vuelto un punto crítico. Aunque se respeta la voluntad legislativa de dar marcha atrás al veto presidencial, aún persisten serias inquietudes acerca de cómo se financiarán las nuevas medidas propuestas, las cuales prometen ampliar las prestaciones y pensiones para personas con discapacidad.
La falta de claridad en cuanto a la fuente de financiamiento ha llevado a Francos a expresar su preocupación, destacando la necesidad de un análisis exhaustivo por parte de las comisiones pertinentes del Congreso. “No podemos comprometer las finanzas públicas irresponsablemente”, subrayó en una conversación con Clarín. Esta afirmación resuena entre quienes abogan por un enfoque más equilibrado y transparente en la gestión de recursos, especialmente en un área tan sensible como lo es la discapacidad. En este sentido, la situación se complica aún más con la reciente sentencia del Juzgado Federal de Catamarca, que ha ordenado la restitución de pensiones suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), debido a procedimientos considerados defectuosos.
Mientras el Ejecutivo trabaja en la reglamentación específica de la ley, el debate sobre el Decreto 843/2024 continúa instalándose en la agenda pública. Este decreto ha generado críticas por su carácter restrictivo en relación a los requisitos necesarios para obtener pensiones. Diversas asociaciones y autoridades de Catamarca han denunciado que estas medidas podrían ser inconstitucionales, al chocar con principios internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Además, el ambiente político se ha enrarecido por acusaciones de corrupción dentro del círculo de administración de recursos destinados a la discapacidad, generando desconfianza e incertidumbre en la población y complicando la discusión necesaria sobre estos temas.
