El Gobierno Avanza hacia la Privatización de AySA: Cambios y Controversias
En un giro inesperado, el Gobierno argentino ha dado un paso firme hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada de proveer agua potable y gestionar el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Todo esto se enmarca en el contexto de una crisis económica que asedia al país. A través del Decreto 493/2025, publicado en el Boletín Oficial, se reestructura la normativa de AySA, lo que posibilita la venta total o parcial de las acciones del Estado en la empresa. Este movimiento ha despertado tanto esperanzas como temores en la población, especialmente en un contexto donde se cuestiona la eficiencia y capacidad de la empresa para garantizar el acceso a estos servicios esenciales.
Uno de los puntos más críticos del decreto es la percepción generalizada de que AySA ha fracasado en su misión de mejorar y expandir sus servicios. El propio texto menciona: “La actual estructura es incapaz de satisfacer las exigencias crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”. Este aspecto refleja los problemas que la empresa ha enfrentado en los últimos años, incluyendo cuestionamientos sobre su capacidad para manejar el crecimiento demográfico y la infraestructura desactualizada. Con la incorporación de capital privado, el Gobierno espera inyectar un aire renovado a una institución que ha recibido más de 13.400 millones de dólares en financiamiento estatal desde 2006 sin lograr frenar la caída en productividad ni el y aumento de costos operativos.
El decreto no solo flexibiliza el ingreso de inversión privada, sino que también otorga atribuciones a la concesionaria, como la posibilidad de suspender el suministro en caso de impago por parte de los usuarios. Sin embargo, el Estado ha prometido mantener un rol regulador a través del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), quienes deberán supervisar la implementación de un Plan Director de Mejora Estratégica, evaluable cada cinco años. La propuesta ha generado un amplio debate político y social, con voces tanto a favor como en contra, y ahora está a la espera de revisión por parte de la Comisión Bicameral del Congreso, donde se determinará su validación definitiva.
