Transformaciones en el panorama de las obras sociales en Argentina
En los últimos días, el Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, ha marcado un hito importante en el manejo de las obras sociales del país. La eliminación de dos entidades del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) es una muestra del compromiso de esta administración con la eficiencia y la responsabilidad en el sistema de salud. Estas decisiones son parte de una serie de medidas destinadas a mejorar la operativa de las entidades, garantizando que cumplan con estándares mínimos de gestión financiera y administración. La resolución 1092/2025 y la 1093/2025, emitidas por la Superintendencia de Servicios de Salud, confirman que la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín no lograron resolver las irregularidades detectadas tras más de dos años de supervisión. A pesar de las recomendaciones y oportunidades para corregir su rumbo, estas entidades decidieron no tomar las acciones necesarias y, como resultado, enfrentan su baja en el registro.
La situación no se detiene ahí; en total, ya son cinco las obras sociales que han sido eliminadas del RNAS en un corto periodo de tiempo. La semana pasada, se sumó a esta lista la Obra Social del Personal Aduanero, y actualmente se están llevando a cabo trámites de baja para entidades como la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata. Este proceso de depuración no solo refleja un cambio en la actitud del Gobierno hacia las obras sociales, sino que también es un paso hacia la creación de un sistema sanitario más eficiente y responsable. A medida que las entidades que no cumplen con los estándares son descalificadas, se abre un espacio para que aquellas que operan correctamente puedan crecer y ofrecer un mejor servicio a sus afiliados.
Una de las principales razones detrás de la baja de estas obras sociales radica en la implementación de un ajuste significativo en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA). Esta reforma, que surgió el año pasado a través de un decreto de la Superintendencia, modificó la manera en que se calculan las transferencias de fondos estatales. Ahora, se basan en la cantidad real de afiliados, eliminando la compensación que antes beneficiaba a instituciones con menos de 5.000 beneficiarios. Como resultado, de las 290 entidades en el país, 201 experimentaron una reducción drástica en su recaudación, lo que significó un impacto financiero de aproximadamente 3.483 millones de pesos. Mientras tanto, aquellas obras sociales con una mayor cantidad de afiliados se han visto favorecidas por este nuevo enfoque, generando un desbalance que ha llevado a muchas pequeñas entidades a enfrentar serias dificultades económicas.
