El escándalo de las auditorías en ANDIS
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha estado en el centro de la atención pública tras la reactivación de medidas que buscan clarificar la situación de las pensiones por invalidez laboral. En un comunicado reciente, el Gobierno anunció la suspensión de 110.592 pensiones, señalando que muchos de sus beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos. Este drástico paso responde a un proceso de auditorías que ha revelado irregularidades significativas en la entrega de estos beneficios, incluyendo la detección de casos de personas fallecidas y aquellas que renunciaron de manera voluntaria, que suman 8.107 y 10.038 respectivamente.
Uno de los puntos más inquietantes que surgieron durante estas auditorías es la revelación de un posible esquema de corrupción a gran escala. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que se han encontrado casos donde una misma radiografía o ecocardiograma se utilizó para múltiples beneficiarios, incluso en Tucumán, donde se hallaron presentaciones idénticas. Además, en Chaco, se detectó que una misma radiografía de hombro fue utilizada como prueba en 150 pensiones diferentes. Esto sugiere que, entre 2003 y 2015, las pensiones no contributivas por invalidez se incrementaron de 79.000 a 1.045.000, una cifra que, según denuncia el Gobierno, puede haber estado marcada por el fraude.
Las imputaciones están siendo investigadas no solo a nivel administrativo, sino también a nivel judicial. La Justicia ya está en el proceso de examinar lo ocurrido, mientras que el fiscal Guillermo Marijuan ha presentado denuncias contra funcionarios de diferentes gestiones. Un dato alarmante que se ha hecho público es que aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas en los últimos años presentan incompatibilidades. Esto incluye casi 60.000 casos de personas con bienes o trabajo registrado, mientras que el 30% restante exhibe irregularidades médicas, llegando al extremo de que algunas radiografías de animales se usaron como si fueran de personas. Estas detectaciones han llevado a las autoridades a calificar este mecanismo como “perverso”, indicando que personas con discapacidad fueron explotadas en un sistema que debió priorizar su beneficio, desviar fondos de un sector históricamente vulnerable.
