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El Gobierno disuelve la Dirección Nacional del INTA

Lectura Obligada

La Controversial Decisión de Milei y el Futuro del INTA

En medio de un panorama político convulso, el gobierno de Javier Milei ha decidido persistir en su plan de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aun ante el rechazo rotundo recibido en la Cámara de Diputados. La reciente publicación del Decreto 571/2025 en el Boletín Oficial marca un nuevo capítulo en esta saga, colocando de nuevo bajo la lupa no solo el futuro del INTA, sino también la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo. A pesar de la votación adversa, el equipo de Milei, liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, está aferrado a su visión de un organismo que se alinee con sus ideales de escasa intervención estatal y eficiencia.

Las primeras medidas de transformación ya fueron delineadas con el Decreto 462/2025, que cambió la designación del INTA de organismo descentralizado a un ente desconcentrado que responde directamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este cambio estructural no solo ha eliminado la Dirección Nacional del INTA, sino que ha reconfigurado el liderazgo y las funciones del organismo, trasladando la autoridad a la Presidencia del Instituto. La eliminación de la Dirección Nacional ha sido justificada bajo la conversación de que su razón de ser ha desaparecido, a raíz de los nuevos lineamientos organizativos que se están implementando.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha dejado en claro la postura del gobierno al respecto. A pesar de las dificultades legislativas, se manifiesta una firme intención de seguir adelante con los ajustes, describiendo la situación actual como “ilógica”. Según su visión, la falta de apoyo en el Congreso limita la capacidad de implementar las reformas necesarias que se habían originalmente comprometido a llevar a cabo. Mientras tanto, las estructuras actuales del INTA seguirán operando con su configuración vigente hasta que se concrete la reestructuración. Esto tratará de garantizar que, en al menos el corto plazo, el organismo mantenga su operatividad mientras se trabaja en una optimización que, según el gobierno, buscará mejorar su eficiencia operativa.

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