Cambios en la Política Migratoria: Arancelamiento del Sistema Sanitario y Mayor Estricción en el Acceso a la Ciudadanía
El reciente decreto DNU 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios significativos en la ley 25.871, que regula la política migratoria en Argentina. Con estas modificaciones, el Gobierno busca adecuar las normativas a un contexto de creciente movilidad migratoria. Entre los aspectos más destacados, se encuentra el endurecimiento de las condiciones para la obtención de la ciudadanía y un control más riguroso sobre los procesos de deportación. Estas medidas parecen estar orientadas a una gestión más efectiva de los flujos migratorios en un mundo cada vez más dinámico.
En lo que respecta a la salud pública, el decreto establece que, si bien todos los inmigrantes tendrán acceso a servicios de emergencia, aquellos que no sean residentes permanentes tendrán que asumir los costos de su atención médica. Esto implica que deberán contar con un seguro médico o pagar de manera directa por los servicios que utilicen. Este cambio genera un panorama desafiante para muchos, ya que el acceso a la salud puede convertirse en una carga financiera para quienes, al no tener un estatus migratorio regular, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Los residentes permanentes, en cambio, mantendrán su acceso al sistema de salud pública sin modificaciones.
Por otro lado, el ámbito educativo también se ve afectado por estas reformas. Las universidades públicas seguirán garantizando la gratuidad a ciudadanos y residentes permanentes. Sin embargo, se permite que las instituciones impongan aranceles a los estudiantes extranjeros que no cumplan con estos requisitos. A pesar de esto, se reconoce la existencia de becas y apoyos para estudiantes internacionales mediante acuerdos con organismos como la UNESCO, lo cual podría ofrecer un alivio a aquellos que deseen estudiar en el país. La normativa también establece distintas categorías de residencia, y la Dirección Nacional de Migraciones tendrá la última palabra respecto a cualquier cambio en el estatus migratorio de los solicitantes.
La magnitud de estos cambios no pasa desapercibida, y las implicaciones serán monitoreadas con atención en los próximos meses. Desde la atención médica hasta el acceso a la educación, la política migratoria se adentra en una nueva etapa que, sin duda, afectará a muchos sectores de la población.