El Estrategia Presupuestaria del Gobierno: Una Vil Contradicción
Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha tomado decisiones que han generado tanto apoyo como controversia. Una de las más críticas ha sido el congelamiento del bono que otorga a los jubilados, que lleva 21 meses estancado en 70 mil pesos. Mientras tanto, el gobierno ha optado por ampliar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 26 mil millones de pesos mediante un decreto, lo que ha levantado más de una ceja en la opinión pública. En un país donde la economía enfrenta serios desafíos, esta jugada plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno y el tratamiento que reciben los sectores más vulnerables.
Las decisiones de Milei no son nuevas; ha mostrado una constante aversión a aumentar el gasto en servicios esenciales. Durante los últimos dos años, el presidente ha utilizado su poder de veto para rechazar propuestas que buscaban mejorar la calidad de vida de grupos como personas con discapacidad y estudiantes universitarios. A pesar de que su justificación recurrente ha sido “no hay plata”, el presupuesto destinado a la SIDE ha aumentado de manera significativa. Se espera que en 2025 este llegue a los 106 mil millones de pesos; un dato alarmante si se comparan las cifras con las necesidades básicas de los jubilados. Según el CEPA, si el bono de jubilación hubiera sido ajustado bajo las mismas pautas que se aplican a la SIDE, hoy los beneficiarios recibirían cerca de 177 mil pesos mensuales, es decir, el triple de lo que reciben actualmente.
A medida que el presupuesto de la SIDE sigue creciendo, otros sectores sufren recortes severos y reformas que afectan la salud y la educación. Para 2026, se prevé un aumento del 20,1% en su partida, superando la proyección inflacionaria del 10,1%. Mientras el gobierno apunta a reducir el gasto en áreas críticas, el presupuesto de inteligencia parece tener un escudo impenetrable. En años anteriores, también se observó esta tendencia, como en 2024, cuando se asignaron 100 mil millones por decreto, una cifra que generó rechazo en el Congreso y protestas en la sociedad. Este año, el área de inteligencia, bajo el mando de Sergio Neiffert y Santiago Caputo, continúa recibiendo montos considerables, sin claridad sobre el uso final de dichos recursos, lo que refuerza la percepción de una gestión que privilegia la seguridad sobre necesidades fundamentales.
