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El Gobierno promulga la ley de modernización laboral: aspectos fundamentales de la reforma

Lectura Obligada

La Nueva Ley de Modernización Laboral: Un Cambio Radical en el Sistema Argentino

El 11 de diciembre de 2025, el Congreso de la Nación recibió un proyecto fundamental para transformar el sistema laboral argentino. Tras su regreso de un viaje a Oslo, el presidente Javier Milei firmó esta ambiciosa reforma con el objetivo de “modernizar un marco normativo anclado en los años 70”. Este proyecto busca promover la formalización del empleo, incrementar la competitividad y ofrecer mayor seguridad jurídica a trabajadores y empresas. Las modificaciones abarcan desde la contratación y el régimen de indemnizaciones hasta la forma en que se regulan las negociaciones colectivas y el funcionamiento de la justicia laboral.

Cambios Clave en Contratos y Vacaciones

Entre los aspectos más impactantes de la reforma se encuentran la reestructuración de los contratos laborales y las indemnizaciones. La propuesta establece que la indemnización prevista en la ley de contrato de trabajo será la única reparación posible ante despidos sin causa. Esto significa que su cobro cancelaría cualquier reclamación posterior, lo que refleja un enfoque más restrictivo para la protección del trabajador. Además, se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados por los empleadores, que permitirán reducir contribuciones patronales. Por otro lado, el régimen de vacaciones también cambia drásticamente; el nuevo proyecto fija que el período de descanso se debe otorgar entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque se permitirán acuerdos particulares.

Justicia Laboral y Negociación Colectiva

La reforma también trae consigo modificaciones significativas en la justicia laboral. Se introduce un esquema de actualización automática de créditos, donde los montos adeudados vinculados a relaciones laborales se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. Esto busca dar mayor previsibilidad a las partes en litigio. Además, se limita el peso de las costas judiciales, que no podrán superar el 25% del monto final de la sentencia. En lo que respecta a la negociación colectiva, la reforma propone limitar la ultraactividad de los convenios y establece que los acuerdos de menor ámbito tendrán prioridad sobre los más amplios, facilitando así que las empresas negocien condiciones específicas.

Incentivos para el Empleo y la Inversión

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de incentivos para formalizar el empleo y atraer inversiones. Se introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que ofrecerá reducciones en contribuciones patronales durante 48 meses para nuevas contrataciones. Asimismo, el Programa de Empleo Registrado (PER) permitirá la regularización de relaciones no registradas, con condonación de multas y reconocimiento previsional de hasta 60 meses. Por último, se prevén sistemas especiales para trabajadores de plataformas, reconociendo su independencia y estableciendo la obligatoriedad de contar con seguro de accidentes, lo que demuestra un acercamiento a la realidad laboral actual.

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