La decisión de la jueza Moira Fullana y su impacto en el derecho a huelga
Recientemente, la jueza Moira Fullana dejó sin efecto los artículos 2 y 3 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/25, que limitaba el derecho a huelga en Argentina. Esta resolución fue el resultado de un amparo judicial presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que buscaba proteger y reivindicar los derechos laborales de los trabajadores. La noticia fue recibida con alborozo por parte de la CGT, que considera este fallo como un importante freno a las medidas que consideran opresivas y que amenazan la libertad de los trabajadores a expresarse y luchar por sus derechos.
La magistrada fundamentó su decisión en el hecho de que el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias en el momento de emisión del DNU. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, los decretos solo pueden ser utilizados en situaciones excepcionales que justifiquen su promulgación. Este aspecto subraya la importancia de mantener el equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo, resaltando que la normativa laboral debe ser debatida y aprobada en el ámbito correspondiente, donde se escuchen las voces de todos los actores involucrados.
A pesar de esta medida judicial, el Gobierno ha expresado su intención de apelar la decisión. Desde la Casa Rosada, funcionarios han afirmado que "vamos a apelar todas las veces que sea necesario", lo que indica una firme determinación por parte del oficialismo de hacer valer los artículos del DNU. Sin embargo, analistas advierten que las posibilidades de hacer cumplir los artículos limitados son escasas sin el respaldo legislativo, sugiriendo que la única vía viable para el Gobierno sería presentar un nuevo proyecto de ley ante el Congreso y buscar el apoyo necesario para su aprobación. Esto plantea un escenario de tensión entre la justicia, el Estado y los derechos laborales en el que se deberán mediar múltiples intereses y perspectivas.
