El contexto económico actual en Argentina ha despertado un intenso debate sobre la situación de las jubilaciones mínimas y el impacto que el congelamiento del bono complementario tiene en la vida de muchos ciudadanos. A lo largo del último año, el bono adicional de $70.000 destinado a los jubilados se ha mantenido sin cambios, lo que ha desencadenado una auténtica preocupación sobre el deterioro del poder adquisitivo de uno de los segmentos más vulnerables de la población. Este análisis no solo refleja una crisis inminente, sino que también pone de relieve la necesidad de un cambio estructural en la política social del país.
De acuerdo con un exhaustivo análisis realizado por la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), ha habido una notable reducción en el gasto relacionado con este bono. En marzo, el bono experimentó una caída del 37% en términos interanuales, lo que resulta alarmante especialmente para aquellos jubilados que dependen en gran medida de este apoyo económico. Además, la reducción acumulada desde el comienzo del año alcanzó el 31%, evidenciando un bajo nivel de asistencia para los jubilados con ingresos más bajos.
A pesar de los intentos de ajustes en la movilidad jubilatoria que buscaban mitigar el efecto de la inflación proyectada para 2025, el incremento real fue de apenas un 2,21% respecto al mes anterior. Esto estableció el haber mínimo en $279.122. Al sumar el bono, el total asciende a $349.122, que, aunque supone un modesto aumento real del 9,5% en comparación con marzo de 2024, arroja cifras preocupantes si se considera el mismo período de 2023, donde se registró una caída real del 21,6%. Este fenómeno es un claro indicador de la pérdida de poder adquisitivo en un entorno económico desafiante.
La situación se vuelve aún más crítica cuando se toma en cuenta que la disminución del poder adquisitivo se acentúa en un contexto de aumento constante en los precios de los productos de consumo básico. La ASAP ha destacado que este problema es un reflejo de cómo la inflación continúa erosionando los ingresos fijos, subrayando la urgencia de hacerse cargo de las reformas necesarias en la política de jubilaciones para proteger a quienes más lo necesitan.
El informe también señala que la fórmula actual de movilidad impactará el haber mínimo en el mes de abril. Se prevé un monto total de $285.825, lo que implica una caída real considerando una inflación del 3,7% en marzo. Sin embargo, hay otras áreas dentro del sistema de seguridad social que han mostrado signos de mejora, como las Pensiones no Contributivas por Invalidez. Estos beneficios han experimentado mejoras en sus gastos gracias a una inflación interanual del 28,5% y un acumulado del primer trimestre del 35,4%. Esto indica que no todos los sectores están sufriendo de la misma manera, lo que podría insinuar la necesidad de recalibrar el enfoque en la asistencia económica.
Finalmente, el informe revela un dato importante: el gasto en jubilaciones y el sistema de reparto constituyó un 23,2% del gasto total primario en marzo. Esto confirma la pesada carga económica que las jubilaciones representan para el presupuesto nacional. Si profundizamos en los números, la moratoria previsional significó el 14,9% del gasto total, mientras que el mencionado bono de $70.000 apenas llegó al 3,2%, reflejando una drástica disminución si se compara con el año anterior. Estos números revelan no solo la magnitud del desafío, sino también la urgencia de repensar la política pública en torno a este aspecto crucial de la economía argentina.