El Impacto de la Nueva Gestión en los Salarios Estatales
La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar una norma que regía desde hace más de 20 años ha encendido alarmas entre los trabajadores estatales. La derogación de la Decisión Administrativa N° 3/04, que aseguraba la equiparación salarial entre los trabajadores de planta permanente y los contratados, es un cambio significativo que puede intensificar el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos. Esta modificación, plasmada en el Boletín Oficial con las firmas del Jefe de Gabinete y del ministro de Desregulación, representa un paso más en la estrategia de desanclar salarios y, lamentablemente, abrirá la puerta a una peor licuación de ingresos.
Desde que asumió el cargo, Milei no ha escatimado esfuerzos en su objetivo de reducir la inflación, y una de las tácticas clave ha sido precisamente la licuación salariales. Según datos recientes, los trabajadores estatales han experimentado una pérdida real del poder adquisitivo de hasta el 19,4% debido al fuerte ajuste impulsado por el gobierno. En comparación con el sector privado, la caída en los ingresos de los trabajadores del Estado ha sido especialmente pronunciada. Con más de 50 mil despidos de trabajadores contratados y la reubicación de otros en “situación de disponibilidad”, muchos se enfrentan al temor constante de perder su empleo mientras su situación económica se vuelve cada vez más insostenible.
El Departamento de Análisis de Empleo, Salarios y Políticas del Sector Público de ATE Nacional también advierte que, desde diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo de los estatales asciende al 35,9% si se toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, si se consideran aumentos en servicios, alquileres y educación, la caída supera el 40%. En este contexto, la decisión del gobierno no solo afecta el bolsillo de los trabajadores estatales, sino que pone en riesgo la estabilidad laboral en el sector público. La situación plantea un panorama desalentador que, de no ser atendido, podría tener consecuencias graves para la calidad de vida de quienes se dedican a servir al Estado y la sociedad.
