El apoyo de Martín Llaryora a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha tomado una posición decidida a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, apuntando a su vital importancia para la vida de miles de personas en Argentina. En un mensaje claro y contundente difundido a través de sus redes sociales, Llaryora hizo un llamado a los diputados para que rechacen el veto impuesto por el presidente Javier Milei. Este veto ha generado un debate intenso sobre la prioridad de los derechos humanos en el marco de las políticas económicas. Llaryora subrayó que la ley no solo es necesaria para garantizar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, sino que también es un reflejo de la justicia social que debe prevalecer en la nación.
El contexto de este apoyo no es trivial; coinciden fechas cercanas a movilizaciones a nivel nacional. Distintas organizaciones civiles, familias afectadas y referentes de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad se están organizando para llevar sus demandas a las calles. En Córdoba, las manifestaciones están programadas para llevarse a cabo en la Plaza San Martín, mientras que en Buenos Aires, la icónica Plaza de Mayo se convertirá en el epicentro de la protesta. Los organizadores invitan a la ciudadanía a unirse en un llamado por justicia y respeto, resaltando que estos derechos no deben ser comprometidos ni en tiempos difíciles.
Además, un reciente fallo judicial ha brindado un rayo de esperanza a las familias que luchan por los derechos de sus seres queridos. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, anuló el veto presidencial, apoyándose en los compromiso internacionales que Argentina ha asumido para proteger a la infancia y a las personas con discapacidad. Este fallo resulta de un amparo presentado por una familia que busca preservar los derechos de sus hijos menores, un gesto que resalta la importancia de no dar la espalda a quienes más necesitan apoyo en su día a día. Este nuevo desarrollo jurídico se suma al creciente clamor social por los derechos humanos en el país, impulsando a más personas a tomar una postura activa en la defensa de aquellos que a menudo son invisibilizados.
