Aumento Salarial y Críticas: El Decreto 931/2025 de Javier Milei
En un giro inesperado en el escenario socioeconómico argentino, el presidente Javier Milei ha firmado el Decreto 931/2025, que establece un aumento salarial del 90% para sus ministros y altos funcionarios. Esta medida ha generado una ola de críticas, sobre todo en un contexto donde la población enfrenta múltiples ajustes económicos. Curiosamente, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel han quedado excluidos de este incremento. La noticia fue publicada en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente, su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Este decreto se promulga el mismo día que se presentó el Presupuesto 2026, que contempla recortes en áreas claves como Salud, Educación y Discapacidad.
La justificación del gobierno para esta polémica decisión se centra en la necesidad de mantener una estructura salarial “competitiva y adecuada” a las responsabilidades estatales. No obstante, esta retórica choca con la dura realidad que viven muchos argentinos. Entre los recortes y la eliminación de subsidios energéticos a la clase media, la medida ha sido catalogada como insensible, especialmente dado que los salarios de los trabajadores estatales estuvieron congelados durante dos años. La voz de los sindicatos, como ATE, resuena fuertemente con críticas que tildan el aumento de “obsceno”, resaltando que el efecto colateral de estas decisiones es el aumento del sufrimiento de la población más vulnerable.
Por otro lado, el decreto también incluye cláusulas que prevén un congelamiento salarial en caso de que se presente un déficit fiscal, argumentando que el superávit fiscal es una prioridad. Sin embargo, esta lógica ha generado un descontento palpable entre los sectores más afectados por la crisis. Muchos cuestionan la coherencia de un aumento tan significativo para funcionarios en medio de políticas de austeridad que afectan a la ciudadanía. De este modo, se abre un debate muy necesario sobre la idea de equidad y responsabilidad en la gestión pública, en un momento en que el país enfrenta serias dificultades económicas.
