En medio del intenso debate sobre el mantenimiento y la gestión de las rutas nacionales en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha tomado decisiones con repercusiones significativas para provincias como Río Negro. La reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial, ha generado un clima de preocupación entre gobernadores y ciudadanos. Esta reestructuración incluye la concesión de más de 9,000 kilómetros de rutas, lo que muchos temen que podría llevar a un abandono aún mayor de infraestructuras cruciales, como la emblemática Ruta 40. Esta arteria no solo conecta localidades, sino que es vital para la economía regional, facilitando el transporte de productos y servicios.
La respuesta del gobierno provincial no se ha hecho esperar. A raíz de estos cambios, se anunció un amparo colectivo contra el Estado Nacional, denunciando el abandono de la Ruta 151. El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, enfatizó que este cierre de Vialidad Nacional no se ha realizado en consideración de las provincias, lo que para muchos se traduce en un acto de desidia que podría afectar gravemente la productividad local. Gatti argumenta que el mantenimiento de las rutas no es solo una cuestión de asfalto, sino de inversión en el futuro económico de las comunidades; lamentó que el gobierno nacional parece optar por un enfoque de obras públicas que no ha mostrado resultados tangibles.
Además de la cuestión vial, las modificaciones en organismos como el INTA y el INTI han levantado preocupaciones sobre el futuro de la producción agropecuaria y la industria en la región. Gatti subrayó la importancia de estas instituciones para la producción frutícola y ganadera en zonas estratégicas de Río Negro. El funcionario hizo hincapié en que, si bien cualquier optimización de servicios puede ser bienvenida, es esencial que se realice con un enfoque en las realidades locales. Al actuar sin consultar a las provincias, se corre el riesgo de imponer un modelo centralista que ignora las necesidades específicas de cada región, lo que podría agravar la ya complicada situación económica y productiva de muchas comunidades.
