La alarmante caída de la recaudación en las provincias argentinas
En un clima de creciente preocupación por la sostenibilidad financiera de las provincias argentinas, diecinueve de los veinticuatro gobernadores se reunieron recientemente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Capital. Este encuentro no fue meramente protocolar, sino una manifestación explícita de inquietudes severas relacionadas con la caída de la recaudación provincial. Los gobernadores expresaron su malestar tanto por la disminución de los impuestos coparticipables como por la reducción de las transferencias nacionales a los distritos. En este marco, la necesidad de un diálogo directo con el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios del gabinete se vuelve urgente, no solo para que se escuchen sus voces, sino para reestructurar el sistema fiscal que actualmente amenaza la operatividad de muchas provincias.
A pesar de las diferencias políticas que podrían existir entre algunos gobernadores y el ejecutivo nacional, el colectivo se mostró unido en su demanda de reformas significativas. La formulación de un nuevo pacto fiscal se presenta como una necesidad imperante para abordar las deficiencias en la recaudación y distribución de recursos. Durante la reunión, Ignacio Lamothe, un referente del CFI, subrayó la importancia de la colaboración interprovincial y la necesidad de recuperar el espíritu de pactos colaborativos del pasado. Este enfoque apunta a la elaboración de una reforma fiscal integral que atienda las diversas realidades económicas del país, asegurando que las provincias cuenten con las herramientas necesarias para sostener su funcionamiento.
Los gobernadores también discutieron aspectos prácticos que requieren atención inmediata, tales como el traspaso eficiente de obras públicas a las provincias y una organización más efectiva de las obligaciones fiscales a todos los niveles del Estado. Ya se han firmado convenios con la Administración para la Regularización y Control de los Aprovisionamientos (ARCA) con el objetivo de optimizar la información tributaria disponible. Además, se busca politizar la cuestión, buscando apoyo en el Congreso para relajar ciertos controles y facilitar la entrada de capitales no declarados. Este movimiento podría, en teoría, aumentar la base tributaria y ofrecer una solución a la crítica situación que enfrentan muchas jurisdicciones.
