El concejal Gabriel Páez ha destapado una controversia que sacude al Municipio de Dina Huapi: la falta de aprobación de la ordenanza para el ejercicio 2023. Esta situación ha surgido tras un dictamen ambiguo del Tribunal de Contralor, generando confusión respecto al análisis de ejercicios futuros. Lo más complicado es que estas cuentas corresponden a un anterior gobierno, lo que dificulta una auditoría clara. Además, Páez aseguró que el tribunal se abstuvo en su dictamen, lo que significa que no pudo verificar los números. Un escenario preocupante, considerando que el Tribunal de Contralor es el órgano que debería supervisar y garantizar la transparencia de las cuentas municipales.
Hernán Terrens, Jefe de Gabinete de la Municipalidad, respondió a las acusaciones afirmando que la responsabilidad de emitir la ordenanza recae en el Concejo Deliberante. Enfatizó que el Tribunal de Contralor actúa como un poder independiente y que el municipio ya ha presentado sus cuentas para su evaluación. Terrens también apuntó a una interpretación errónea de la carta orgánica municipal desde que asumió el intendente Danilo Rojas, lo que ha llevado a que no se aprueben balances desde 2014. Según él, esta inacción ha alimentado la confusión actual y reafirmó que en la gestión de la ex intendenta Mónica Balseiro se gastaron 17 millones de pesos sin autorización, contribuyendo a la actual crisis de rendición de cuentas.
El conflicto se complica aún más con el dictamen del Tribunal de Contralor, que se muestra indeciso al afirmar que no encontró inconsistencias, pero tampoco garantiza la veracidad de las cuentas. En una reunión reciente, Terrens sostuvo que se discutió este tema, pero que el tribunal no se mantuvo firme en sus conclusiones. Esto plantea una pregunta crucial: si la legislación es clara sobre quién debe emitir la ordenanza, ¿cómo es que el Tribunal de Contralor no puede presentar una opinión definitiva? Terrens sugiere que el Concejo Deliberante debería solicitar aclaraciones adicionales al tribunal, pero subraya que no pueden forzar al municipio a emitir la ordenanza, ya que eso iría en contra de las normativas vigentes.
