El cierre de programas sociales: un ajuste polémico
Recientemente, el Gobierno argentino anunció el cierre de varios programas sociales, en una decisión que ha generado un amplio debate. Esta medida se da en un contexto de austeridad económica bajo la gestión de Javier Milei y afecta principalmente a iniciativas dirigidas a mujeres y personas de género diverso en situaciones vulnerables. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó esta clausura asegurando que los programas eran "ideológicos" y pertenecían al legado del kirchnerismo. Entre ellos se encuentra "MenstruAR", una iniciativa destinada a garantizar el acceso a productos de higiene menstrual, que ahora queda en la incertidumbre.
La postura del Gobierno se centra en la reducción del gasto público. Cúneo Libarona, a través de sus redes sociales, afirmó que la eliminación de estos programas implicará un ahorro significativo de más de 6.000 millones de pesos. Esta tendencia de reducir la estructura estatal busca liberar recursos económicos que, según argumenta el oficialismo, son necesarios para el bienestar de los ciudadanos en general. Sin embargo, esta lógica de ajuste despierta inquietudes sobre el impacto real en las comunidades más desfavorecidas.
Organismos y especialistas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han señalado que esta decisión puede provocar la erosión de políticas cruciales para la equidad social. A la fecha, de las 50 iniciativas de cuidado que existían al inicio de la administración actual, solo cinco se mantienen operativas. Esto plantea un interrogante sobre cómo se evalúan y deciden las políticas públicas: ¿se prioriza solo el ahorro económico, o también se consideran las necesidades de aquellos sectores que dependen de estas ayudas? El equilibrio entre eficiencia y justicia social se convierte, así, en un desafío para el actual Gobierno, en un momento donde las desigualdades siguen siendo una realidad palpable en la sociedad argentina.