Cambios en la Ley de Inocencia Fiscal y sus Implicaciones
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado un gran paso en la fiscalización con la reciente Resolución General 5809/2026, modificando la forma en que los contribuyentes deben declarar su domicilio fiscal a partir del 2 de marzo. Este cambio implica que tanto individuos como empresas deberán realizar una declaración digital de su lugar de actividad económica. La palabra “digital” marca una tendencia hacia la eficiencia, pero también trae consigo una carga significativa: las penalizaciones por errores pueden alcanzar hasta los 35 millones de pesos. Esto plantea un desafío para muchos, especialmente para aquellos que no estén familiarizados con el nuevo procedimiento.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta resolución, según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, es que las sanciones no se diferencian en función del tamaño o la capacidad económica de las empresas. Mientras que una gran corporación podría manejar una multa de 35 millones sin quebrantar su operativa, para una pequeña o mediana empresa podría ser una carga financiera abrumadora. Además, el contribuyente contará con solo 10 días hábiles para cumplir con esta nueva obligación, y si comete errores, tendrá la opción de corregirlos en un plazo de 30 días; sin embargo, la eliminación de la flexibilidad en los procesos previos genera inquietud en cómo los empresarios administrarán sus responsabilidades fiscales.
Finalmente, es importante destacar el nuevo rol del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) en este contexto. Si un usuario presenta un bajo nivel de confianza o hay problemas con su CUIT, podrá enfrentar restricciones en los cambios de domicilio. Esto hace evidente que el cumplimiento y la exactitud se convierten en prioridades absolutas para evitar sanciones severas. Las pequeñas y medianas empresas, que suelen manejar márgenes más ajustados, deben tomar este llamado en serio y ajustar sus sistemas internos para prepararse ante esta nueva era de control fiscal, que, aunque busca mayor transparencia, también puede resultar en desafíos importantes para la viabilidad de sus operaciones.
