El gasoducto que no avanza: un derecho postergado
Más de **15,000 usuarios potenciales**, entre ellos **5,000 familias barilochenses**, siguen esperando un servicio esencial: el acceso al gas natural. Las obras del **Gasoducto Cordillerano**, financiadas con fondos públicos por las provincias de **Neuquén** y **Chubut**, están finalizadas o en su etapa final. Sin embargo, a pesar de que existen evidencias que respaldan la viabilidad técnica del nuevo sistema y el aval de autoridades nacionales, la empresa **Camuzzi** aún no ha dado señales claras de cuándo se reabrirán las factibilidades para conectar a los usuarios. Esta incertidumbre genera frustración y angustia entre quienes dependen de este servicio para su día a día.
Falta de transparencia y derechos vulnerados
Desde **CODEC** resaltan que la falta de información recibe un marco legal preocupante. Por un lado, esto constituye una violación al **artículo 42 de la Constitución Nacional** y a la **Ley 24.240 de Defensa del Consumidor**, que exigen a las empresas prestatarias de servicios públicos brindar información **veraz, completa, clara y oportuna**. La ausencia de datos sobre el estado de las obras, los plazos y los criterios de conexión afecta no solo a las familias, sino también a comerciales, instituciones educativas y emprendimientos turísticos que dependen de este servicio para planificar su futuro.
La exigencia de un informe detallado
En este marco, **CODEC** ha decidido entregar una *intimación formal* a Camuzzi, firmada por su presidente **Pablo Chamatrópulos**. En este documento se exige que la empresa publique un informe transparente sobre el estado real del sistema y las obras ejecutadas. Además, se solicita un cronograma verificable de reanudación de factibilidades, un procedimiento accesible para que los miles de usuarios que esperan puedan iniciar su trámite, y una rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos y los compromisos asumidos en el amparo colectivo. Con plazos vencidos que se extendieron más allá de la **primavera de 2025**, la situación se vuelve insostenible para las familias y organizaciones afectadas.
