La controversia del médico no habilitado: Una investigación que sacude el sistema de salud
El caso de una supuesta médica ejerciente en la provincia de Río Negro está generando un profundo impacto en el ámbito sanitario. A raíz de las alarmantes denuncias, el Ministerio de Salud, dirigido por Demetrio Thalasselis, ha decidido iniciar un sumario administrativo y dar de baja la matrícula de la mujer, quien, a sus 42 años, ha trabajado en hospitales y clínicas de las ciudades de Roca y Regina. Se sospecha que habría presentado un título apócrifo de médica obtenido en la Universidad de Los Andes, en Venezuela, país del que, no obstante, nunca ha residido formalmente.
Desde que comenzó su actividad profesional en 2020 —en pleno auge de la pandemia, cuando la necesidad de personal sanitario era crítica— esta mujer logró colarse en la nómina de profesionales de salud pública, donde, según la información disponible, ha prestado servicios tanto en el hospital Francisco López Lima de Roca como en clínicas privadas, incluyendo la Clínica Roca y el Sanatorio Juan XXIII. Aunque sus colegas la han catalogado como “médica trucha”, la situación se volvió más complicada cuando intentó acceder a una especialización en terapia intensiva, pero no logró aprobar los exámenes exigidos. Sin embargo, más tarde apareció con un certificado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, lo que encendió aún más las alarmas entre sus compañeros de trabajo.
La investigación se intensificó tras las dudas sobre la autenticidad de su título. Un informe de la Universidad de Los Andes corroboró que no hay registros que respalden su supuesta condición de médico. La numeración del diploma que presentó no coincide con los números de egreso de 2018, año en que se graduaron 126 médicos cirujanos. Thalasselis subrayó que se tomarán medidas exhaustivas y se llevarán las acusaciones ante la justicia, en caso de que se confirme la falsedad del título. Este escándalo no solo plantea serias interrogantes sobre el control del ejercicio médico, sino que también podría afectar la confianza de la comunidad en el sistema de salud pública.
