Controversia por el veto a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca
El reciente veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.790, que declaraba la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales, ha generado una ola de críticas en la provincia de Buenos Aires. Esta ley, aprobada por un amplio consenso en el Congreso, contemplaba la creación de un fondo de 200 mil millones de pesos para ayudar a los miles de damnificados por el temporal que devastó Bahía Blanca en marzo. Los vecinos de la región, que esperaban con ansias esta ayuda, se enfrentan ahora a la incertidumbre y la angustia, al quedar en suspenso la asistencia estatal que podría haber significado un respiro en sus vidas.
La decisión de Milei ha dejado en el aire un plan integral diseñado para enfrentar la crisis. El decreto 424/2025, que anula la ley, no solo elimina los recursos destinados a los afectados, sino que también se pasa por alto la suspensión de obligaciones contractuales y la posibilidad de acceder a créditos blandos. La ley vetada no solo se centraba en la asistencia inmediata, sino que también buscaba impulsar la economía local, priorizando recursos de la región para las obras de infraestructura necesarias. Sin embargo, el gobierno de Milei ha justificado su decisión asegurando que las medidas propuestas ya se estaban llevando a cabo a través de un nuevo marco regulatorio, dejando a muchos escépticos respecto a la real efectividad de estas iniciativas.
Desde el Ejecutivo argumentan que una gran parte de los solicitantes del régimen de subsidios denominado "Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)" ya han recibido su asistencia, pero muchos ciudadanos cuestionan la validez de estos datos. Se señala que el análisis de los casos pendientes y los rechazos no refleja el caos que viven las familias afectadas en su día a día. Además, la inclusión de Coronel Rosales en la ley vetada fue considerada "imposible de cumplir" por el gobierno, restando aún más oportunidades a quienes viven en esa región. Esta situación ha generado un clima de desconfianza y enojo, dejando a los vecinos de Bahía Blanca y Coronel Rosales sintiéndose atrapados en un limbo de burocracia y falta de respuesta a sus necesidades esenciales.
