Aumento récord de juicios laborales en Argentina: Un fenómeno alarmante
En el año 2025, el sistema judicial argentino ha registrado un fenómeno inesperado: la apertura de 134.141 nuevas demandas laborales, la cifra más alta desde la instauración del régimen en 1996. Esta situación ha suscitado inquietud entre diversas organizaciones y especialistas en el ámbito del trabajo, quienes advierten sobre las implicancias de este incremento. Para entender mejor el contexto, es importante señalar que este dramático aumento no se distribuye de manera uniforme en el territorio argentino, ya que tres provincias —Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe— concentran aproximadamente el 73% de todas las demandas, a pesar de que en conjunto generan solo el 61% del empleo formal en el país.
Uno de los focos más críticos se encuentra en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. En estos lugares, el nivel de judicialización se ha disparado, con tasas de 159,4 juicios cada 10.000 trabajadores, lo que evidencia un contexto judicial que supera amplias proporciones. A pesar de la disminución de los índices de siniestralidad laboral, que ha visto una reducción del 55% en su tasa de incidencia y del 80% en muertes relacionadas con el trabajo, el incremento de demandas parece estar más ligado a ineficiencias y problemas estructurales del sistema judicial que a un aumento real de conflictos laborales. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, ha aportado 25.325 casos, mostrando un impresionante crecimiento del 12% respecto al año anterior.
Curiosamente, esta situación se produce casi una década después de la implementación de la Ley 27.348, creada con el objetivo de minimizar la judicialización de conflictos laborales mediante procedimientos administrativos. Sin embargo, hasta el presente, esta normativa no ha logrado cumplir con sus metas, presentando, en cambio, un aumento alarmante en la cantidad de juicios. Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) pone en perspectiva el volumen de causas en Argentina al compararlo con países como España o Chile, donde los números son notablemente menores. Este análisis pone de manifiesto una descompensación en la gestión de riesgos y el control judicial, sugiriendo que hay una necesidad urgente de revisar las estrategias actuales para abordar este desafío complejo en el ámbito laboral argentino.
