Paro Nacional de ATE: Defensa de Derechos Laborales
En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales, el Paro Nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha ganado fuerte repercusión. Durante las primeras horas de la protesta, se registró una adhesión superior al 90% en todo el país. En la Capital Federal, los ceses de tareas empezarán al mediodía, con miras a movilizarse hacia el Ministerio de Economía. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, ha dejado muy en claro su posición, afirmando que “este Gobierno nos quiere hacer retroceder más de un siglo en materia de derechos laborales”. Según Aguiar, el reciente Decreto 340/25, que limita el derecho a huelga, no solo es ilegal, sino que también vulnera la Constitución Nacional.
La preocupación de los trabajadores no se limita únicamente a la restricción del derecho a huelga. Aguiar ha denunciado la drástica pérdida del poder adquisitivo de los estatales desde la asunción de Javier Milei, señalando que en los primeros cuatro meses del año, los salarios han aumentado solo un 5,4% frente a una inflación del 11,6%. Esta situación ha implementado una urgencia palpable en la exigencia de reapertura de paritarias, solicitando la restitución de los salarios que consideran “robados” en los últimos 17 meses. En este contexto, el clima de incertidumbre y temor ha sido caracterizado como una política de Estado, donde el diálogo real parece no ser una opción.
Los efectos del paro son visibles a lo largo de diversos sectores. La protesta ha impactado en servicios esenciales, garantizando solo guardias mínimas en hospitales, mientras que la recolección de residuos y otros servicios básicos han comenzado a verse afectados. La disconformidad se extiende a múltiples frentes, como la educación, el control sanitario en puertos y aduanas, así como en la atención de emergencias por parte de organismos como PAMI y ANSES. Con este panorama, ATE enmarca su lucha en varios ejes, incluyendo la reapertura de paritarias, la defensa del derecho a huelga y la reincorporación de trabajadores despedidos ilegalmente, apuntando a un escenario de confrontación en lugar de diálogo.