La CGT y la lucha contra la inconstitucionalidad del nuevo DNU
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido llevar su voz a los tribunales con una acción de amparo sindicacional, un movimiento que resuena en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos. El miércoles 21 de mayo, la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo generó un clima de incertidumbre. Este decreto no solo amplía las actividades consideradas esenciales, como el transporte y la educación, sino que también impone la obligación de garantizar un mínimo del 75% de los servicios durante las huelgas. La medida ha sido interpretada como un ataque directo al derecho a la huelga, un derecho fundamental forjado en la lucha de los trabajadores.
El DNU establece que, en situaciones de conflicto obrero, se deberá mantener al menos el 50% de los servicios en sectores clave como la industria alimentaria, la metalúrgica, y hasta en la gastronomía. Esta exigencia afecta a un amplio espectro de la economía y a diferentes sectores de la sociedad, despertando preocupaciones entre los líderes sindicales, quienes ven en esta disposición un debilitamiento de la protección legal que asiste a los trabajadores. Según la CGT, la medida atenta contra el marco de derechos laborales vigente y pone en riesgo las conquistas históricas alcanzadas a través de la lucha colectiva.
El líder sindical Héctor Daer, co-titular de la CGT, se reunió recientemente con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en un contexto de análisis formal sobre las prestaciones del Hospital Naval. Sin embargo, se dejó entrever que esta reunión sirvió de plataforma para anticipar al Gobierno la inminente acción judicial que el movimiento sindical planeaba llevar adelante. La CGT fundamenta su postura aludiendo a que el DNU contraviene el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversas normativas internacionales, como los Convenios 87 y 98 de la OIT. Además, argumentan que la promulgación de este decreto no cumple con las condiciones de excepcionalidad requeridas, abriendo un debate crucial sobre el respeto y la vigencia del derecho a huelga en el marco de las relaciones laborales en Argentina.