Referéndum en Bariloche: Controversia y Debate
La reciente solicitud de la concejal Julieta Wallace al intendente Walter Cortés ha encendido el debate en Bariloche. Wallace ha pedido la revocación de dos resoluciones que convocan a la ciudadanía a participar en un referéndum popular. Según la concejal, estas resoluciones son “manifiestamente nulas y lesivas de derechos de orden constitucional”. Su argumento se basa en la Ordenanza Municipal de Procedimientos Administrativos, delineando que varios de los temas propuestos ya están en tratamiento dentro del Concejo Municipal, lo que, según ella, obstaculiza el proceso democrático. “Con esta convocatoria se está vulnerando el principio básico del referéndum, que es la participación ciudadana”, remarcó Wallace en una intervención por radio.
Los puntos en discusión abarcan cuestiones críticas, desde la creación de un plan solidario para obras viales hasta la autorización de aplicaciones de transporte privado y la prórroga de la emergencia habitacional. Wallace sostiene que el intendente no tiene autoridad para convocar a un referéndum de manera unilateral, pues esta responsabilidad es exclusiva del Concejo Municipal, según articula el artículo 38 inc. 14 de la Carta Orgánica Municipal. Además, cuestiona el uso de antecedentes normativos como justificación, señalando que las ordenanzas mencionadas ya no están vigentes. Esto plantea dudas sobre la viabilidad jurídica de someter ciertos temas a consulta popular, como aquellos ya regulados por normas superiores o que se encuentran en litigio judicial.
La concejal también se distancia de otras impugnaciones, como la presentada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), argumentando que su propio recurso se centra en el marco legal que regula las competencias del intendente. Wallace ha advertido que, si no se revocan las resoluciones, podría haber un conflicto de poderes, lo que abriría la puerta a futuras acciones judiciales. En su presentación, solicita la suspensión inmediata de la ejecución de las resoluciones impugnadas y la garantía del respeto a la legalidad y la separación de poderes. La situación en Bariloche pone de relieve las complicaciones que pueden surgir en la implementación de mecanismos de democracia participativa y la importancia de seguir los procedimientos adecuados para asegurar la representatividad del pueblo.
