El Escándalo Judicial en Torno a la Jueza Julieta Makintach
En el ojo del huracán se encuentra la jueza Julieta Makintach, quien ha captado la atención pública no solo por sus decisiones judiciales, sino también por la controversia que rodea un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. Este escándalo ha provocado la reacción de figuras clave en el ámbito legal, como la abogada penalista Silvina Fernández Rosarno, quien ha levantado la voz en favor de una investigación más exhaustiva. En su intervención en el programa "Tiempo de Policiales", Fernández Rosarno sostuvo que detrás de este proyecto documental hay un "negocio" que va más allá de lo que se pueda evidenciar, sugiriendo que la jueza podría haber priorizado beneficios económicos sobre su carrera judicial.
Fernández Rosarno planteó interrogantes serios sobre la ética de la conducta de Makintach, sugiriendo que captó la oportunidad de lucrar en un proyecto que podría haberle ofrecido una compensación financiera considerable. La letrada subrayó que no se trata de una simple ambición personal, sino de un cálculo deliberado que pone en tela de juicio la integridad de una figura que debería velar por la justicia. Además, la abogada enfatizó que el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, ya ha comenzado a investigar posibles delitos que incluyen incumplimientos de deberes y abuso de autoridad. Sin embargo, Fernández Rosarno destacó que uno de los aspectos más preocupantes son las "negociaciones incompatibles con la función pública", dado que estas pueden llevar no solo a sanciones legales, sino a la inhabilitación perpetua.
La abogada fue más allá, comparando el contexto del caso con prácticas de crimen organizado, sugiriendo que existe una estructura bien organizada detrás de la capacidad de conceder permisos para filmaciones en el tribunal. En sus palabras, "para que una sola jueza otorgue permiso para filmar dentro del tribunal, se necesita algo más que un simple acuerdo". El potencial económico de este tipo de acuerdos se revela alarmante, con contratos que pueden alcanzar cifras millonarias y una red de intereses que involucra a múltiples plataformas. La gravedad de estas acusaciones no solo pone en jaque la credibilidad del sistema judicial, sino que también tiene el potencial de influir en la percepción pública del rol de las mujeres en posiciones de poder dentro del ámbito judicial, un tema que Fernández Rosarno considera fundamental a la hora de tatuar valores en la sociedad.
