La Justicia y la Ley de Financiamiento Universitario: Un Paso Crucial para la Educación
En un giro significativo para el sistema educativo argentino, la Justicia ha acogido con beneplácito una medida cautelar que obliga al Presidente a implementar aspectos esenciales de la Ley de Financiamiento Universitario, formalmente conocida como Ley 27.795. Esta legislación, clave para el desarrollo y sostenimiento de las universidades nacionales, establece lineamientos claros para la actualización de los salarios de docentes y no docentes, así como la asignación de becas estudiantiles. La decisión del juez Martín Cormick surge en respuesta a una solicitud del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que busca garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales en un contexto donde el poder adquisitivo de los docentes y la operatividad de las universidades se ven amenazadas.
El trasfondo de esta medida es especialmente pertinente dada la suspensiva dictada por el gobierno de Javier Milei a través del Decreto 795/2025, que detuvo la aplicación de la ley bajo el argumento de que no se especificaban las fuentes de financiamiento necesarias. Esta moratoria generó un entredicho entre el Ejecutivo y las instituciones educativas, tensando las relaciones en un contexto donde ya se observa una pérdida notoria del poder adquisitivo de los docentes, así como un impacto negativo en la calidad y continuidad de los servicios educativos. Con el objetivo de revertir esta situación, el CIN decidió llevar la cuestión a los tribunales, planteando dudas sobre la constitucionalidad del decreto y sus repercusiones en el derecho a la educación.
La reciente decisión del juez Cormick no solo rechaza la suspensión del decreto, sino que también subraya la responsabilidad del Estado en proteger los derechos de los trabajadores de la educación y de los estudiantes. Al considerar que la medida del gobierno constituye un daño evidente a derechos constitucionales, el fallo enmarca la necesidad de asegurar un financiamiento adecuado y sostenible para las universidades. Esta situación destaca no solo las tensiones entre la administración central y las instituciones académicas, sino también la imperiosa necesidad de revisar las políticas educativas del país en un contexto que demande planificación y compromiso público con la educación.
