La decisión de la jueza Fullana: un freno al DNU 340/25
La jueza Moira Fullana, al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 3, ha tomado una decisión crucial al ordenar la suspensión provisoria de los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto 340/25. Este decreto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, había generado una gran controversia al intentar limitar el derecho a huelga, garantizado por la Constitución Nacional. La justicia laboral aceptó así la acción de amparo presentada por una central obrera, afirmando la competencia del sistema judicial laboral frente a las pretensiones del Ejecutivo de trasladar el caso al fuero Contencioso Administrativo.
El contexto del DNU 340/25
El DNU 340/25 se inscribe en un contexto más amplio de intentos del gobierno de Milei por restringir derechos laborales bajo el pretexto de una necesidad y urgencia que muchos consideran infundada. Antes de este decreto, ya había intentado avanzar contra el derecho a huelga con el DNU 70/2023, lo cual había despertado un fuerte rechazo entre los sindicatos y diversas organizaciones defensoras de los derechos laborales. Este intento de cernerar el derecho a huelga no solo provocó manifestaciones, sino que también evidenció una creciente tensión entre el Ejecutivo y el ámbito judicial, lo que desembocó en la intervención del amparo presentado por ATE (Asociación Trabajadores del Estado).
La respuesta de la justicia y el impacto de la medida
La respuesta de la jueza Fullana no solo es una victoria para la central obrera, sino que también representa un respaldo a los derechos de los trabajadores en un contexto político y económico difícil. La decisión de suspender provisionalmente los artículos del decreto atacado se convierte en un símbolo de resistencia ante medidas que buscan limitar libertades fundamentales. La repercusión en las redes sociales, como lo evidenció un tweet del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también demuestra el eco que esta resolución ha tenido entre los ciudadanos y trabajadores. Esta situación no solo refleja la vitalidad del sistema judicial en la defensa de derechos laborales, sino que también sienta un precedente importante en la lucha por la justicia social en Argentina.
