La suspendida posibilidad de corte de agua por falta de pago: un acto de justicia social
Recientemente, la jueza Forns tomó una decisión que ha causado revuelo al suspender un decreto del gobierno que permitía la interrupción del suministro de agua potable por falta de pago. En su fallo, la magistrada consideró que esta normativa era “abusiva”, especialmente considerando la situación de vulnerabilidad social de muchos ciudadanos. En un contexto donde la economía se encuentra tambaleante, la justicia se alinea con la protección de aquellos que realmente lo necesitan, subrayando que cortar el acceso al agua no solo es económico, sino también un ataque a la dignidad humana.
Detrás de la acción judicial y la suspensión de este decreto se encuentran organizaciones como la Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres Coop. Ltda., que demandaron la inconstitucionalidad del decreto y cuestionaron los términos de la normativa propuesta. Esta disposición, que contemplaba la posibilidad de cortar el servicio tras acumular más de sesenta días de mora, ha sido criticada por atentar contra un derecho fundamental: el acceso al agua. Según estas entidades, no solo se obvia la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población —como los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidades—, sino que también se ignora un principio básico de justicia social.
La importancia de este fallo también se apoya en principios internacionales. En 2010, la ONU reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos esenciales, algo que resuena claramente en el discurso de la jueza Forns. Ella advierte sobre los graves riesgos que puede acarrear la falta de acceso al agua, reafirmando que este derecho es fundamental para la vida. Así, el sistema judicial argentino no solo pone en jaque la implementación de políticas públicas que podrían ser consideradas injustas, sino que también reafirma su compromiso con la promoción y defensa de derechos humanos que deben ser garantizados para todos, sin excepción.
