La Controversia del DNU 941/2025: Una Lucha por la Constitucionalidad
Recientemente, los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, junto al socialista Esteban Paulón, lanzaron un fuerte golpe contra el Gobierno al presentar un amparo judicial en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que reconfigura la estructura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Este decreto le otorga facultades controversiales, permitiendo la detención de personas, lo que ha despertado el alerta de la oposición, que lo califica de inconstitucional. Para ellos, se trata de un paso peligroso que atenta contra el equilibrio de poderes y la seguridad jurídica, fundamentales en un Estado democrático.
En su acusación, los opositores señalan que la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional a través de un DNU no solo es un procedimiento irregular, sino que también carece de la urgencia que justificaría dicha acción. Según argumentan, no existe un contexto real que permita omitir el debate y la aprobación legislativa, lo cual pone en entredicho la estabilidad del sistema democrático argentino. Además, critican que legislar en materia penal es un terreno vedado al Presidente, lo que lleva a cuestionar la legitimidad del decreto y su alcance legal.
El amparo también destaca la centralización de las funciones de espionaje en la presidencia, lo que podría derivar en un escenario de persecución política, especialmente contra periodistas y opositores. Los diputados advierten que esta nueva estructura en la SIDE podría convertirse en un arma de control social, disfrazada tras la justificación de la “seguridad estratégica”. Además, la autorización para que el personal de inteligencia realice detenciones es vista como un ataque directo al debido proceso y los derechos humanos, ya que tradicionalmente, estas funciones son reservadas para las fuerzas policiales. En este clima de incertidumbre, la tensión entre el Ejecutivo y la oposición se intensifica, resaltando la importancia de salvaguardar las normas constitucionales y el respeto por los derechos fundamentales de cada ciudadano.
