El reciente anuncio del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, marca un hito importante en la política económica del país. El Gobierno ha decidido avanzar con una normativa que permitirá la liberación del uso de dólares atesorados fuera del circuito bancario. Esta medida podría transformar radicalmente la manera en que los ciudadanos manejan sus ahorros en divisas, dando un paso hacia la desregulación que muchos economistas y analistas han aguardado.
Con un asombroso volumen de aproximadamente US$200,000 millones resguardados fuera del sistema financiero, el objetivo del Gobierno es claro: estimular el consumo interno. Este movimiento busca no solo fomentar el uso de divisas en la economía diaria de los argentinos, sino también sacar a la luz fondos que, durante años, han permanecido fuera de circulación, ocultos en efectivo o en cuentas en el extranjero.
Durante una entrevista en el canal de streaming La Casa, Caputo subrayó la importancia de facilitar el uso de estos dólares para adquirir bienes de consumo cotidiano. Se está hablando de productos esenciales, desde electrodomésticos hasta propiedades, lo que apunta a un cambio significativo en los hábitos de gasto de la población. Esta iniciativa refleja un enfoque más liberal en la política económica, donde se busca romper con la tradición de ahorrar “bajo el colchón” o recurrir al mercado negro de divisas.
El contexto detrás de esta normativa se apoya en cifras reveladas por el INDEC. Según los datos, al cierre de 2024, se estima que los argentinos mantienen alrededor de US$271,247 millones fuera del sistema financiero local. Esta suma es considerablemente mayor que las reservas brutas del Banco Central, lo que indica un potencial significativo que podría inyectarse en la economía real. La medida aún se encuentra en proceso de redacción, pero promete facilitar transacciones cotidianas de manera más fluida y sin complicaciones.
La liberación de los dólares atesorados no es el único componente de la estrategia económica del Gobierno. Caputo también anunció una reforma tributaria que busca incentivar la competencia impositiva entre las provincias. Este nuevo esquema establece que el Gobierno Nacional mantendrá su participación del 17% sobre el IVA general del 21%, dejando a cada provincia la libertad de decidir si eleva o baja su parte. Esto podría generar un entorno competitivo que atraiga a más empresas a asentarse en diferentes regiones, estimulando el crecimiento económico local.
En resumen, la medida impulsada por el Gobierno se enmarca en un contexto más amplio de reestructuración económica. La liberación del uso de divisas atesoradas y la reforma tributaria pueden ser vistas como pasos estratégicos hacia la remonetización de la economía argentina. Con la promesa de facilitar el flujo de dólares en el mercado interno, el Gobierno busca no solo dinamizar la economía, sino también alterar los hábitos de consumo y ahorro de una población cansada de restricciones.
