En un contexto donde las preocupaciones por la seguridad y la justicia se entrelazan con la vida de los jóvenes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha levantado la voz en favor de una reforma audaz y necesaria en el sistema penal juvenil de Argentina. En una reciente entrevista con Radio Rivadavia, Cúneo Libarona enfatizó que “no se puede vivir con una norma de 1980”, señalando la urgencia de actualizar las leyes para hacer frente a los desafíos contemporáneos que enfrentan los adolescentes. Según su perspectiva, los jóvenes de hoy viven realidades complejas, marcadas por problemas como la violencia y el consumo de drogas, que demandan respuestas diferentes a las que ofrecía el contexto social y político de décadas pasadas.
El proyecto de ley que el gobierno de Javier Milei ha propuesto ha desatado un intenso debate. La iniciativa principal busca establecer la edad de imputabilidad en 14 años, lo cual ha suscitado reacciones encontradas en la sociedad y en el ámbito político. Entre las innovaciones sugeridas, no solo se baja la edad para ser considerado penalmente responsable, sino que también se plantea la creación de un sistema penal especializado para menores de 13 años. Cúneo Libarona ha explicado que no se trata simplemente de incrementar la severidad de las penas, sino de ofrecer alternativas que contemplen la educación y la formación en oficios. “No hablamos de cárceles comunes; nuestras instalaciones serán específicas para jóvenes, donde además recibirán formación deportiva y educativa”, aseguró, reflejando un enfoque integral que busca la reeducación más que el castigo.
Este cambio legislativo responde a una crítica abierta a las normativas establecidas durante la década de 1980, que, según el ministro, son insuficientes para abordar la criminalidad juvenil actual. Cúneo Libarona subrayó que muchas naciones han reducido sus edades de imputabilidad, y que Argentina necesita alinearse con esta tendencia global para abordar “la criminalidad imperante y la impunidad”. En su visión, es fundamental que quienes cometen delitos de mayor gravedad enfrenten consecuencias adecuadas, pero también se les brinde una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad. De esta manera, el gobierno espera construir un sistema que garantice la seguridad pública, al mismo tiempo que intenta ofrecer un camino hacia la rehabilitación y la reintegración de los menores infractores en su comunidad.
