La controversia administrativa en Dina Huapi: Un problema sin resolver
Mónica Balseiro, concejal y ex intendenta de Dina Huapi, se presentó recientemente en el programa Engranaje de Radio Seis para discutir un complejo problema administrativo que afecta las finanzas del municipio. En este contexto, apoyó las afirmaciones de su colega Gabriel Páez, quien señala que la falta de una ordenanza para aprobar el ejercicio 2023 es una responsabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, el Jefe de Gabinete, Hernán Terrens, asegura que esta tarea corresponde al Concejo Deliberante. La situación es confusa, especialmente tras un dictamen ambiguo emitido por el Tribunal de Contralor, lo que ha generado una acumulación de ejercicios sin fiscalizar y que complica el análisis de las cuentas del municipio.
La polémica se intensificó cuando se reveló que el Tribunal de Contralor se abstuvo de emitir una opinión clara sobre la Cuenta General del ejercicio 2023. Esta decisión, según Balseiro, ha dejado a la municipalidad en un limbo administrativo, dado que el dictamen no es vinculante, pero al abstenerse, impide que el Ejecutivo avance en la presentación de la ordenanza necesaria para su aprobación. La concejal recordó que, de acuerdo con la carta orgánica, tal responsabilidad siempre ha recaído en el intendente desde el año 2013 hasta 2022. Además, esta situación repercute negativamente en el análisis de ejercicios posteriores, generando demoras que han afectado la fiscalización de los fondos, incluyendo aquellos destinados a las escuelas.
En lo que respecta a los fondos para la alimentación escolar, Balseiro subrayó que el municipio ha tenido un convenio con el Ministerio de Educación, que se ha visto comprometido por la falta de claridad en la gestión actual. La falta de rembolsos por parte de la provincia ha llevado a que el municipio utilice recursos propios para garantizar la compra de alimentos, situación que Balseiro asegura está debidamente documentada. Sin embargo, expresó su frustración ante las constantes incongruencias en la gestión actual, que según ella, no han permitido avanzar en la solución de este y otros problemas administrativos. “Todo está certificado y en regla”, afirma, enfatizando que la documentación presentada a las autoridades competentes respalda la correcta utilización de los fondos.
