Control Disciplinario en Río Negro: Un Compromiso con la Eficiencia
En los primeros meses de 2026, la Junta de Disciplina de Río Negro ha intensificado su trabajo en pos de la transparencia y la responsabilidad en el uso de recursos públicos. Con un enfoque claro en premiar a quienes cumplen con sus obligaciones, se han impuesto sanciones significativas por faltas graves. Hasta la fecha, se han dictado dos cesantías, once suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos, reafirmando la voluntad del Gobierno provincial de mantener un control disciplinario eficaz. Este compromiso busca no solo cuidar los fondos del Estado, sino también garantizar que los servicios brindados a la ciudadanía sean de la más alta calidad.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta ha sido notable, analizando más de 1.000 expedientes administrativos y duplicando el promedio de resoluciones anuales en comparación a períodos anteriores. Estas cifras reflejan un esfuerzo por acelerar procesos que históricamente han sido lentos, logrando un ordenamiento significativo en el área disciplinaria. Desde el inicio de la gestión, se han emitido 94 cesantías, seis exoneraciones, 448 suspensiones y 24 apercibimientos, mientras que el sistema de justicia interna también ha dictado 77 absoluciones. La Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, ha subrayado la importancia de establecer reglas claras y mantener una postura de tolerancia cero ante faltas graves para construir una administración pública más eficiente y comprometida con la comunidad.
Las sanciones impuestas no son arbitrarias; responden a un proceso riguroso y transparente. Cuando se sospecha de una falta, se lleva a cabo un sumario administrativo donde se investigan los hechos, se recogen pruebas y se elabora un informe que es enviado a la Junta de Disciplina. Esta Junta, compuesta por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales, evalúa la gravedad de cada caso de forma imparcial. Las sanciones oscilan desde apercibimientos y suspensiones hasta medidas más severas como la cesantía, que implica la desvinculación del agente con una prohibición de reingreso por cinco años, y la exoneración, que es la medida más drástica reservada para delitos graves. Este marco normativo no solo facilita la depuración del servicio público, sino que también busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
