La Denuncia Que Sacude a ‘Tostado’: Evasión y Lavado de Dinero
La reciente denuncia presentada por Gregorio Dalbón, un abogado de renombre en el país, ha puesto bajo la lupa a figuras prominentes como la senadora Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman, fundador de la popular cadena de cafeterías ‘Tostado’. Esta denuncia no solo está relacionada con la evasión tributaria y el lavado de dinero, sino que también insinúa la existencia de una asociación ilícita en el corazón de un entramado societario diseñado para ocultar el origen de los fondos de la empresa. Con más de 70 locales en Argentina y una creciente presencia internacional, la acusación ha generado un revuelo significativo en el ámbito político y judicial de Buenos Aires.
Los documentos presentados por Dalbón detallan cómo la cadena ‘Tostado’, famosa por su modelo de negocio exitoso, se ha expandido de manera sorprendente, lo que ha motivado sospechas sobre la legitimidad de su crecimiento. Según la denuncia, las empresas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. entraman una red empresarial que posibilita este crecimiento atípico, sin el soporte financiero esperado. En particular, un inmueble específico en Beruti 3822 pone de manifiesto las supuestas inconsistencias en la estructura financiera del grupo. La denuncia sugiere que este esquema podría dificultar la trazabilidad fiscal y contable, lo cual es preocupante para las autoridades argentinas, que buscan asegurar la transparencia.
La situación se complica aún más cuando consideramos la implicación política de Patricia Bullrich. Si bien el vínculo familiar podría no ser suficiente para implicarla en un delito, su rol como senadora plantea serias interrogantes sobre posibles conflictos de interés. La denuncia ha solicitado medidas cautelares, que incluyen allanamientos y la revisión de documentación contable, en un esfuerzo por esclarecer las operaciones de la cadena. Este caso será evaluado por el juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano, quienes tendrán la responsabilidad de determinar si se abrirá una investigación formal que podría desvelar verdades incómodas y afectar la estructura de toda una industria en un país que demanda cada vez más transparencia en los negocios.
