La Transformación del INAI: Un Cambio en la Gestión de Asuntos Indígenas
Recientemente, el Gobierno argentino, mediante el decreto 438/2025, decidió modificar la estructura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este organismo, que hasta ahora funcionaba como un ente descentralizado, será integrado a la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Esta medida, según el presidente del INAI, Claudio Avruj, representa “un paso más en el camino de ordenamiento y optimización”, con miras a mejorar la gestión de los recursos y la articulación de políticas públicas en beneficio de las comunidades indígenas. El decreto plantea que esta nueva estructura permitirá fortalecer los controles sobre la ejecución presupuestaria y, a su vez, reducir el complejo y a veces engorroso entramado administrativo que ha caracterizado al INAI.
Los motivos detrás de este cambio no son menores. Una auditoría reciente reveló severas debilidades en la operación del INAI, como la falta de registro claro de juicios contra el Estado, desvíos en la rendición de cuentas sobre subsidios y una deficiente organización patrimonial. Según el texto oficial, estas falencias no sólo comprometen la transparencia del organismo, sino también su capacidad para cumplir efectivamente con las funciones que tiene asignadas. De hecho, se afirma que las atribuciones del INAI no justifican su existencia como un organismo descentralizado, ya que esta situación no ha redundado en una gestión más eficiente y transparente.
Uno de los cambios más destacados es la eliminación del Consejo Asesor, que apenas se reunió una vez en doce años. En su lugar, se implementará un Consejo de Coordinación que incluirá representantes de diversos ministerios, gobiernos provinciales y comunidades indígenas. Esta reestructuración busca fomentar una colaboración más directa entre las partes interesadas y garantizar que las voces de las comunidades sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. La iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno de Javier Milei para equilibrar las cuentas públicas, optimizar el uso de recursos y asegurar que estos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.
