Organizaciones locales luchan por los derechos de las personas con discapacidad en Río Negro
El 25 de septiembre de 2025, organizaciones de la sociedad civil de Río Negro presentaron un amparo colectivo en la Justicia para frenar la baja de pensiones por discapacidad. Este movimiento, respaldado por la legisladora Magdalena Odarda, incluye a agrupaciones como Cre-Arte, El Brote y ACUFA. Según estas organizaciones, las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad han sido calificadas como “ilegítimas y denigrantes”, generando una situación crítica donde miles de personas se quedan sin recursos para subsistir. La urgencia detrás de esta acción refleja un descontento creciente ante lo que consideran una falta de respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad.
Las irregularidades en las auditorías
En diálogo con Noticiero Seis, Luis Suero, Director de Cre-Arte, sostuvo que el objetivo de este amparo es que “esta suspensión de pensiones no sea tenida en cuenta en Río Negro, además de solicitar la restitución de aquellas que ya fueron canceladas”. Suero denunció que las auditorías no solo no se han realizado de manera adecuada, sino que también se ha constatado que, de más de 1 millón de cartas documento enviadas, solo han llegado a 500.000 destinatarios. Esto deja entrever que se han malgastado recursos públicos en un proceso poco transparente. “Es fundamental investigar cuánto se ha pagado a los auditores y porque los afectados tuvieron que someterse a un proceso de validación innecesario”, enfatizó Suero.
Un procedimiento que humilla a las personas con discapacidad
Suero también hizo hincapié en que la manera en que el gobierno nacional está llevando a cabo estas auditorías parece obedecer a una lógica opuesta a la de proteger los derechos de las personas con discapacidad. En sus palabras, “no se trata de auditar para corregir, sino de retirar pensiones bajo la excusa de una auditoría”. La realidad es que muchos beneficiarios se enteraron de la baja de su pensión al momento de intentar cobrarla, lo que él calificó como “un procedimiento ilegal”. La situación genera un sentimiento de humillación y vulnerabilidad en un colectivo que ya enfrenta desafíos graves. La postura de Luis Suero y las organizaciones involucradas busca poner fin a este trato que considera indignante y que afecta profundamente la dignidad de las personas con discapacidad.
