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Presentan iniciativa para fortalecer la vacunación obligatoria

Lectura Obligada

La Importancia de la Vacunación en Argentina

La vacunación se erige como uno de los mayores logros de la humanidad, permitiendo el control y la erradicación de enfermedades que, durante siglos, causaron epidemias devastadoras. En Argentina, la vacunación se considera un bien social, fundamental para la salud pública, y está regulada por la Ley Nacional N° 27.491, vigente desde 2018 y reglamentada en 2023. Esta ley garantiza que la vacunación sea obligatoria, gratuita y prioritaria. Las autoridades sanitarias hacen hincapié en que “vacunarse y vacunar a los niños es una obligación”, recordando que la falta de acción en este ámbito se traduce en una grave irresponsabilidad social.

La Preocupante Baja en la Vacunación Infantil

Observamos un fenómeno preocupante: una notable disminución en los niveles de vacunación infantil. En 2024, algunas localidades de Río Negro reportaron que solo el 80% de los niños cumplió con el calendario de vacunación, una cifra alarmantemente baja en comparación con el 95% recomendado para lograr la inmunidad comunitaria. Este descenso ha suscitado alertas entre los legisladores y profesionales de la salud, quienes destacan la urgencia de retomar el ritmo de vacunación. La importancia de la vacunación es un tema que ya ha llegado a los estrados judiciales, como lo demuestra un fallo del Juzgado de Familia de General Roca, que priorizó el interés superior del niño sobre la negativa de los progenitores a vacunar.

Acciones y Sanciones ante el Incumplimiento de la Vacunación

Consciente de esta crítica situación, la iniciativa legislativa propone que todos los agentes públicos que detecten la falta de vacunación en niños informen al Ministerio de Salud. En caso de persistir la negativa de los responsables, se contemplan acciones que involucran a la Defensoría de Menores y al Juzgado de Familia. Además, se introducen sanciones económicas para aquellos padres o tutores que no cumplan, con multas que no serán inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil. En el caso de reincidencia, las multas podrían incluso duplicarse, y para aquellos que no puedan pagar, se contempla la realización de trabajo comunitario en el ámbito de la salud pública. Javier Acevedo, autor del proyecto, insiste en que “el derecho a la salud de niños y niñas no puede quedar librado a decisiones individuales”.

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