Embargo y Continuidad de la Detención de Jorge Castillo, el "Rey de La Salada"
La jornada del miércoles marcó un hito significativo en el caso de Jorge Castillo, conocido popularmente como el “rey de La Salada”. La justicia ha decidido no solo mantener su detención, sino también embargarlo por la suma de 750 millones de pesos. Esta decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Quilmes, que evaluó los graves delitos económicos que enfrenta Castillo, incluyendo evasión fiscal, lavado de dinero y asociación ilícita. Este cúmulo de acusaciones ha despertado un amplio interés en la opinión pública y una renovada atención sobre las actividades en la emblemática feria.
Antecedentes y Operativo de Detención
El 22 de mayo, tras un operativo de gran magnitud por parte de 30 agentes de la Policía Federal Argentina, Castillo fue arrestado en Haras Argentino Farm Club, un country en las afueras de Luján. Este operativo se inició luego de que la AFIP presentara una denuncia el 17 de marzo de 2015 por presuntos delitos tributarios relacionados con la feria La Salada, reconocida por su dinamismo comercial y su controversia. El arresto no solo puso fin a su libertad, sino que también generó la clausura temporal de la feria, que ahora opera bajo estrictas condiciones, incluyendo la presentación de documentos verificables sobre la legalidad de sus actividades comerciales.
Avances en la Investigación y Cómplices
Las investigaciones en torno a Jorge Castillo no se limitan solo a su persona. Actualmente, se están llevando a cabo pesquisas contra varios de sus cómplices, incluidos Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa. Según los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, estos individuos habrían facilitado el uso de complejas estructuras societarias para ocultar a los beneficiarios finales y realizar evasiones fiscales a través de técnicas como declaraciones fraudulentas y facturación falsa. Se estima que estas maniobras permitieron eludir más de 142 millones de pesos en Impuesto a las Ganancias y alrededor de 126 millones en IVA. El proceso judicial se acerca a un juicio oral, una fase que promete despejar aún más las aguas sobre este complejo entramado penal.
Este caso es un claro ejemplo de cómo las autoridades están intensificando sus esfuerzos para combatir la delincuencia económica en Argentina, y refleja la importancia de contar con medidas rigurosas para regular el comercio y el cumplimiento fiscal.
