Consecuencias del Desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio-Urbana en Río Negro
El ámbito político rionegrino se encuentra empujado a una crisis profunda tras la denuncia del legislador provincial Leandro García, del bloque PJ-Nuevo Encuentro, en relación al desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU) bajo la gestión de Javier Milei. García ha expresado su “más enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno Nacional de desmantelar la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana (SISU), un organismo crucial para la urbanización de barrios populares. Esta situación ha impedido que proyectos vitales en Bariloche y El Bolsón, como el de integración socio-urbana para llevar agua potable y energía eléctrica a Loma del Medio, avancen. La preocupación es palpable, ya que se trata de una inversión esencial para garantizar derechos básicos en zonas vulnerables.
La paralización de la SISU no solo repercute en la política nacional, sino que tiene un impacto directo en el día a día de las comunidades locales. En El Bolsón, la falta de financiamiento ha puesto en riesgo obras estratégicas que ya estaban planificadas y licitadas, y que implicaban una inversión significativa. “No se trata de un gasto, sino de una inversión básica”, enfatiza García, resaltando el abandono que implican estas decisiones para miles de familias que residen en barrios populares. La urgencia de garantizar acceso a servicios esenciales como agua y electricidad cobra una relevancia mayor en un contexto de incendios recurrentes que asedian la región.
Además, el legislador llama a la acción, exigiendo al Poder Ejecutivo Provincial que efectúe las gestiones necesarias ante la Nación para reactivar estas obras y, con ello, evitar la profundización de la desigualdad en el acceso a servicios básicos. Desde que asumió Javier Milei, el FISU, que había permitido el desarrollo de 21 proyectos en la región, se ha desfinanciado, afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. “Río Negro no puede quedar de brazos cruzados mientras se desfinancian políticas que impactan directamente en nuestra gente”, concluye García, dejando en claro la necesidad de defender estas iniciativas y las comunidades que dependen de ellas.
