(Por Rosario3) – El gobierno nacional ha tomado la decisión de ajustar los subsidios a la electricidad y el gas, una medida que afecta a un amplio sector de la población. Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se estima que cerca de 130 mil usuarios, beneficiarios de tarifas reducidas por el régimen de “zona fría”, verán un recorte en sus subsidios. De ahora en más, aquellos que puedan comprobar su situación de vulnerabilidad socioeconómica mantendrán el subsidio del 50%. Sin embargo, quienes posean más de un medidor a su nombre recibirán solo un descuento del 30% sobre la tarifa completa. Esta medida busca atacar abusos que habían surgido, donde beneficiarios eran dueños de múltiples propiedades, contradiciendo así el objetivo original de la normativa.
La normativa modificada se basa en un análisis exhaustivo de datos realizado por el Ministerio de Economía. Este análisis reveló múltiples casos de usuarios con varios medidores, lo que en muchos casos sugiere una capacidad económica no declarada. La Secretaría de Energía ha dejado claro que el régimen de zona fría seguirá coexistiendo con otros beneficios, como la Tarifa Social Federal, pero deberá haber límites estrictos para evitar solapamientos injustos. Además, los usuarios recategorizados podrán presentar documentación que demuestre su vulnerabilidad a través de la Ventanilla Única Social (ANSES), ofreciendo así una vía para recuperar un subsidio mayor.
Otro aspecto importante de esta resolución es la implementación de un nuevo sistema de consulta online que permitirá a los usuarios verificar su nivel de subsidio y solicitar revisiones a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Esta medida busca aumentar la transparencia y reducir la incertidumbre que los ciudadanos enfrentaban al intentar acceder a información sobre su categorización en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Las nuevas herramientas permitirán que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético realice un control más riguroso sobre las declaraciones juradas de los beneficiarios y cruzará datos con bases de datos fiscales y sociales para identificar posibles irregularidades. De esta manera, se pretende fijar nuevos estándares patrimoniales que, si se infringen, podrían llevar a la exclusión del subsidio y a la refacturación retroactiva de los beneficios recibidos en exceso.