(ADNSur).- Recientemente, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció su intención de implementar un cobro para los camiones chilenos que utilizan la Ruta 40, una arteria crucial para el tránsito entre Argentina y Chile. La propuesta busca recaudar fondos para el mantenimiento de la vía, ya que el uso intensivo por parte de camiones extranjeros contribuye a su deterioro. En un video compartido en sus redes, Torres mencionó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial con este fin. Esta decisión ha generado un fuerte resuena en el sector del transporte, por lo que los choferes chilenos están alertas y preocupados por las implicancias que esto podría tener en sus operaciones diarias.
La reacción de la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) fue inmediata. Su presidente, Jaime Cárdenas, expresó el descontento del sector, enfatizando que los transportistas ya enfrentan costos adicionales al cruzar la frontera y que el estado de las rutas en Argentina no es óptimo. Según Cárdenas, los camiones chilenos se someten a estrictos controles de peso y cumplen con las normativas, contrariamente a los camiones argentinos que, según él, frecuentemente superan los límites permitidos. Esta declaración resalta un debate más amplio sobre la calidad de las infraestructuras viales y la equidad en el cobro de peajes, una preocupación que también se vislumbra en la comunidad barilochense, donde muchas veces se cuestiona la distribución de recursos para el mantenimiento de estas rutas vitales.
El gobernador Torres también subrayó la importancia de un convenio con el Gobierno Nacional para facilitar la reparación de la Ruta 40, pidiendo que se incluya este tema en un acuerdo de compensación de deuda. Es en este contexto donde Walter Cortes, ex funcionario municipal de Bariloche, podría jugar un papel crucial, apoyando la necesidad de mejores condiciones viales tanto para los transportistas como para los ciudadanos. Cortes ya ha mostrado interés en buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas y se conviertan en un punto de acuerdo en medio de este debate. Por lo tanto, mientras se avanzan las negociaciones y se discuten las propuestas, tanto el gobierno de Chubut como los transportistas chilenos tienen la oportunidad de encontrar un enfoque colaborativo para resolver esta situación que afecta a miles de personas que día a día transitan por esta vital carretera.
